Más allá de la Rehabilitación: La Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 - Decreto Supremo N.º 009-2023-JUS

"El bienestar y la reintegración del adolescente en conflicto con la ley son pilares fundamentales para una sociedad justa y equitativa."

El Decreto Supremo N.º 009-2023-JUS, que aprueba la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, constituye un esfuerzo del Estado peruano por abordar de manera integral y multisectorial los problemas asociados con la delincuencia juvenil. En este sentido, este análisis jurídico buscará examinar la estructura y los fundamentos legales de la normativa, destacando su alineación con el marco constitucional y su articulación con normas internacionales y nacionales. Además, reflexionaremos y analizaremos su implementación práctica y los desafíos que enfrenta.

¿Qué señala nuestra Constitución?

En primer término, la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 se fundamenta en varios preceptos constitucionales y legales. Según el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, el Estado y la comunidad tienen el deber de proteger especialmente al niño y al adolescente en situación de abandono. Asimismo, esta protección se extiende, según lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Nº 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a garantizar su desarrollo integral en un ambiente de bienestar y seguridad.

Por otra parte, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, otorga al Poder Ejecutivo la competencia exclusiva de diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado. En el caso específico de la política analizada, se ve complementada por la Ley Nº 29807, Ley de Creación del Consejo Nacional de Política Criminal, que establece la necesidad de elaborar diagnósticos nacionales sobre las causas del delito y formular políticas criminológicas.

¿Cómo se regula en la normativa internacional?

De igual forma, la Política Nacional se alinea con diversas normas e instrumentos internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing sobre la administración de Justicia de Menores. Estos instrumentos internacionales resaltan la importancia de una justicia juvenil que priorice la rehabilitación y reintegración del adolescente, en lugar de la mera sanción punitiva.

Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, enfatiza que los Estados Parte deben reconocer el derecho de todo niño acusado de infringir la ley penal a ser tratado de una manera que promueva su sentido de dignidad y valor, fortaleciendo su respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de otros.

¿Cuál es su contenido y cuáles son los objetivos de la Política Nacional?

Igualmente, la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 se estructura en torno a varios ejes principales: la prevención, el fortalecimiento del sistema de justicia penal juvenil y la reintegración social de los adolescentes en conflicto con la ley. Estos ejes se materializan en objetivos prioritarios claramente definidos:

1. Objetivo prioritario 1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno.
   

2. Objetivo prioritario 2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil.
   

3. Objetivo prioritario 3: Fortalecer la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Cada uno de estos objetivos se sustenta en intervenciones específicas y coordinadas entre múltiples sectores del Estado, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud, entre otros.

¿Cuál es la realidad actual?

No obstante, la implementación de esta política enfrenta varios desafíos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023, el 12.5% de los adolescentes en el Perú se encontraban en riesgo de involucrarse en actividades delictivas (INEI, 2023). Esta cifra refleja la persistencia de un contexto criminógeno que exige una intervención efectiva. Además, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que, en el 2024, solo el 55% de los adolescentes en conflicto con la ley tuvieron acceso a programas de reinserción social adecuados (ENAHO, 2024).

Por otro lado, la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas entidades gubernamentales y la disponibilidad de recursos adecuados son aspectos críticos. La normativa establece que las medidas y acciones se financiarán progresivamente con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades del Estado involucradas. Sin embargo, la insuficiencia de recursos asignados ha sido un problema recurrente que podría limitar el alcance de las políticas. La falta de coordinación interinstitucional también ha sido identificada como un obstáculo significativo, afectando la implementación eficiente de las estrategias propuestas.

Asimismo, se requiere un seguimiento y evaluación continuos para garantizar que las intervenciones sean efectivas y que se realicen los ajustes necesarios sobre la marcha. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Dirección General de Asuntos Criminológicos, liderará este proceso, en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Conclusiones

Finalmente, la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 representa un avance relevante en la protección y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley en el Perú. Su alineación con las normativas nacionales e internacionales refuerza su legitimidad y potencial eficacia. No obstante, su éxito dependerá de la implementación efectiva de sus medidas y de la capacidad del Estado para superar los desafíos logísticos y financieros inherentes a una política de tal envergadura. La justicia juvenil restaurativa, centrada en la reintegración social y el bienestar del adolescente, es un objetivo noble y necesario para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

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